El subdelegado del gobierno, Luis Felipe, presentaba esta semana en Faura las ayudas destinadas a luchar contra el paro estacional, unas subvención que asciende a 850.000 euros y que beneficiará a una veintena de municipios del Camp de Morvedre y l’Horta Nord. Estas ayudas proceden de Fondos Europeos y del Ministerio de Trabajo.

Los agricultores de la comarca tienen hoy una buena oportunidad para tratar los graves problemas que se les han presentado en los últimos meses. Los bajos precios y los robos de cítricos, además del hurto en los motores, las plagas y la necesidad que las ayudas lleguen con premura, serán algunas de las cuestiones que la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, podrá abordar hoy en la Junta General de AVA que se celebra en la comarca.

A perro flaco todo son pulgas. Esto es lo que deben de haber pensado todos los agricultores de la comarca, que se están viendo asolados por una serie de problemas en sus campos. La permisividad de las leyes españolas en matería de hurtos está provocando que en lo que va de año ya se hayan robado unos 60 contadores del agua. “Se deben redoblar los efectivos policiales desde la Delegación de Gobierno, puesto que la coordinación de Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Rural es insuficiente”, añade Paco Campillo, delegado de AVA-ASAJA en Sagunto. El precio de los contadores se sitúa entre los 100 y 300 euros, según su complejidad, gasto al que el agricultor debe añadir el de la mano de obra empleados en arreglar los desperfectos causados.

La bajada de precios pagados a los cultivadores de cítricos ha hecho replantearse otras alternativas en sus campos. En concreto, esta semana ha habido en Benifairó de les Valls una charla informativa sobre las mejores condiciones de cultivo de frutales tropicales, como el aguacate o el mango, entre otros.

El presidente del Consell Agrari de Sagunto, Juan Serrano, ha realizado un llamamiento a todos los propietarios de parcelas rústicas del término municipal. Según indica el delegado de Presidencia, éstos “tienen el deber legal de conservar sus terrenos en las condiciones precisas para que no se incremente el riesgo de erosión, incendio, inundación y contaminación, ni se produzca peligro para la seguridad o salud pública”, y continúa, “lo que pretendemos es que los propietarios tomen conciencia de que los campos se puedan trabajar o no, pero no se deben abandonar, ya que puede producirse peligro de incendio o posibles plagas”.